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SuperIndustria precisa procedimiento que debe seguirse para adelantar acción de protección al consumidor
Publicación
Martes, Febrero 20, 2018 - 10:50am

En días pasados, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció respecto del procedimiento que se debe seguir al momento de interponer la acción de protección al consumidor.  Al respecto, la entidad enfatizó que sus funciones jurisdiccionales, en materia de litigios o conflictos derivados de relaciones de consumo, fueron confirmadas por el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).  

 

En efecto, establece el numeral 3 del artículo 56 de la citada Ley, que la acción de protección al consumidor, es una acción jurisdiccional en cabeza de los consumidores, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 18 de la misma Ley o por información o publicidad engañosa.

 

En el mismo sentido, señaló que en el artículo 58 del referido Estatuto se encuentra consagrado que el procedimiento para interponer la mencionada acción, es el verbal sumario. Así, los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitarán por dicho procedimiento, con observancia de las siguientes reglas especiales:

 

  1. La Superintendencia de Industria y Comercio o el Juez competente conocerán a prevención.

  2. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia en todo el territorio nacional y reemplaza al juez de primera o única instancia competente por razón de la cuantía y el territorio.

  3. Será también competente el juez del lugar donde se haya comercializado o adquirido el producto, o realizado la relación de consumo. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio deba conocer de un asunto en un lugar donde no tenga oficina, podrá delegar a un funcionario de la entidad, utilizar medios técnicos para la realización de las diligencias y audiencias o comisionar a un juez.

 

En consideración a lo anterior, el consumidor puede iniciar la acción judicial de protección al consumidor con el fin de que se protejan sus derechos cuando considere que estos se encuentran amenazados o vulnerados en el marco de una relación de consumo, a través de los procedimientos judiciales mencionados.

 

Adicionalmente, recalcó la Superintendencia que en el caso que la decisión final sea favorable al consumidor, podrá imponer al productor o proveedor que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, además de la condena que corresponda, una multa de hasta ciento cincuenta (150) smlmv a favor de la misma, que se fijará teniendo en cuenta circunstancias de agravación debidamente probadas, tales como la gravedad del hecho, la reiteración en el incumplimiento de garantías o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y demás circunstancias.

 

Es decir, no procederá esta multa si el proceso termina por conciliación, transacción, desistimiento o cuando el demandado se allana a los hechos en la contestación de la demanda. La misma multa podrá imponerse al consumidor que actúe en forma temeraria.

 

De conformidad con lo expuesto, para la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sanción establecida por el numeral 10 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011 es de naturaleza jurisdiccional, pues no obstante los derechos protegidos y la finalidad de la protección, no son puntos diferenciadores de las sanciones que se imponen en virtud de las atribuciones de tipo administrativo que recaen en la misma entidad.

 
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