MinSalud pretende regular interrupción voluntaria del embarazo

En días pasados, el Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer el Proyecto de Resolución por medio del cual regulará  la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la Sentencia C-355 de 2006. 

 

La iniciativa pretende adoptar el marco normativo único para la garantía del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE en los casos despenalizados en la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, esto es: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico o por un profesional de la psicología, de acuerdo con lo señala la misma Corte en decisiones posteriores; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial  transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

 

La interrupción voluntaria del embarazo, es un derecho fundamental del que son titulares todas las personas con capacidad de gestar, sin distinción por razones de edad, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica o condición de discapacidad.

 

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, los prestadores de servicios de salud, los profesionales y personal encargado de la atención, están obligados a ceñirse a los principios y estándares de protección derivados del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional:

 

a. No se deben realizar juntas médicas de revisión o de aprobación por auditores, asesores legales o cualquier otro colaborador que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica de la IVE.

 

b. No se debe exigir a las niñas y adolescentes menores de 14 años en estado de gravidez la denuncia del hecho de violencia sexual, y a cualquier menor de 18 años el consentimiento de sus representantes legales para acceder a los servicios para la IVE. Lo anterior no obsta para que, ante el conocimiento de un hecho de violencia sexual, los prestadores de servicios de salud den aviso a las autoridades encargadas de la investigación para que esta se inicie de manera oficiosa.

En casos donde la persona menor de 14 años, no cuente con la presencia o concurrencia de quien está en ejercicio de los derechos de patria potestad podrá dar su asentimiento para la realización del procedimiento si su vida corriese peligro o si la dilación del procedimiento incurriera en daños sobre su integridad. La firma del consentimiento informado escrito para el procedimiento corresponderá a un guarda en caso de que este haya sido asignado por la autoridad administrativa judicial correspondiente o a quien esté actuando en vigilancia o garantía del menor de 14 años.

 

c. No se debe exigir documentos como (a) dictámenes de medicina forense; (b) órdenes judiciales; (c) exámenes de salud adicionales (d) autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, grupos comunitarios, auditores, médicos y pluralidad de profesionales de la salud.

 

d. No se deben suscribir pactos individuales o conjuntos para negarse a practicar la interrupción del embarazo ni acogerse formatos o plantillas de adhesión que inciden en que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con médicos dispuestos a prestar los servicios para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

 

f. No se debe desconocer injustificadamente los conceptos expedidos por profesionales de la medicina o de la psicología sobre la existencia de alguna de las causales previstas en la Sentencia C-355 de 2006 aun cuando no hagan parte de la red de prestadores de la Entidad Administradora de Planes de Beneficios a la que se encuentre vinculada la persona.

 

g. No se debe incumplir con los parámetros del sistema de referencia y contrarreferencia para impedir la práctica de la IVE.

 

De este modo, y debido a las implicaciones que dicha iniciativa pueda tener para el gremio, lo invitamos a dejar sus comentarios a más tardar el día 17 de octubre de 2019. 

 

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